La millonaria multa aplicada a Rangers de Talca por los hechos ocurridos en el partido ante Cobreloa en 2023 no solo golpea las arcas del club, sino que también vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: ¿hasta dónde es justo responsabilizar a una institución cuando el comportamiento de los hinchas escapa al control operativo?.
La sanción —cercana a los 140 millones de pesos— se transformó en la segunda más alta desde la creación de la Ley de Estadio Seguro. Sin embargo, más allá del monto, el caso ha comenzado a ser interpretado por distintos actores del entorno futbolístico como un ejemplo de la severidad con que se está aplicando la normativa.
El punto central del debate radica en que los clubes deben diseñar un “proyecto de partido” que fija obligaciones concretas, como la dotación de guardias, controles de acceso y sistemas de venta de entradas bajo estrictos protocolos.
Cuando esas exigencias se cumplen, surge la interrogante de si resulta proporcional imponer sanciones de esta magnitud ante episodios difíciles de prever, como una invasión de cancha motivada por la celebración de un título.
En encuentros de esas características —como aquel en que el elenco naranja aseguró el campeonato— las reacciones colectivas suelen ser complejas de contener incluso con dispositivos reforzados.
TRASFONDO
El trasfondo abre otra arista relevante: el equilibrio entre la necesaria seguridad en los estadios y la viabilidad económica de las instituciones, especialmente aquellas alejadas de los mayores ingresos del fútbol nacional.
Si bien la autoridad ha reforzado su línea de tolerancia cero frente a hechos que pongan en riesgo a los asistentes, el caso Rangers instala la duda sobre si el criterio sancionatorio debiera considerar con mayor peso las medidas preventivas adoptadas por los organizadores.
No es primera vez que una sanción provoca discusión. La multa aplicada a Deportes Antofagasta en 2023 —la más alta registrada, cercana a los 323 millones de pesos— ya había advertido un endurecimiento en la interpretación de la norma.
Así, más que un episodio aislado, lo ocurrido con el Rojinegro podría marcar un precedente en la relación entre autoridades y clubes, obligando al fútbol chileno a reflexionar sobre un desafío clave: cómo garantizar espectáculos seguros sin trasladar toda la carga a instituciones que, cumpliendo con las exigencias, no siempre pueden controlar la conducta de miles de personas.
Foto Daniel Bernal
